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Por Eva Rocha , 20 de mayo de 2020

Fiscalía pedirá presidio perpetuo para acusado de doble homicidio en San José

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También se le acusa del femicidio frustrado cometido contra su exconviviente y el homicidio frustrado contra el padre de ella.

 

La Fiscalía Local de Mariquina presentó una acusación contra un hombre de 28 años por su participación en calidad de autor de dos delitos de homicidio calificado, un delito de femicidio frustrado y un delito de homicidio frustrado, solicitando que el acusado sea condenado a cumplir la pena de presidio perpetuo calificado, la más alta que contempla la legislación de nuestro país.

El fiscal jefe de Mariquina, Alejandro Ríos Carrasco, quien dirigió la investigación de esta causa, explicó que los hechos por los que se acusó a Jonathan Patricio Vega Vega ocurrieron el 14 de mayo del año pasado y afectaron a la expareja del acusado y su familia.

“Estos hechos ocurrieron en la madrugada, alrededor de la una de la mañana, cuando el acusado va al domicilio de su exconviviente, ubicado en San José de la Mariquina, ingresa a la casa y con un arma blanca da muerte a la madre y la hermana de su expareja”, precisó el fiscal del Ministerio Público. Las víctimas fueron Danae Millaray Marianela Benavides Matus, de 13 años, y Sandra Etelvina Matus Ramírez, de 48.  

El fiscal Alejandro Ríos agregó que, posteriormente, el acusado “agredió a su exconviviente con ánimo de matar y también al padre de ella, quienes resultaron con lesiones de gravedad que los mantuvieron internados con riesgo vital en el hospital base de Valdivia”. Luego de cometer estos delitos, el acusado huyó del lugar y fue detenido horas más tarde en el centro de Valdivia.  

La preparación del juicio oral de esta causa debía realizarse ayer, pero fue reprogramada por el Juzgado de Garantía de Mariquina para el próximo martes 2 de junio.  

La pena de presidio perpetuo calificado solicitada por la Fiscalía implica la privación de libertad de por vida, pero establece la posibilidad de postular a un beneficio penitenciario luego de cumplir un mínimo de 40 años de cárcel.

En esta causa actúan como querellantes la Intendencia Regional de Los Ríos y la secretaría regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género.

 

 

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