En 2015 (COP 21 de París) se estableció como meta impedir que el calentamiento global supere los 1,5º C en 2050. Sin embargo, un estudio de las Naciones Unidas dio cuenta de que este umbral podría cruzarse incluso a partir del año 2032.
Por primera vez en su historia, la actividad humana está impactando de tal manera en su hábitat, que pone en riesgo su supervivencia. Por ello y después de la lucha contra el COVID19, este es el asunto multilateral más urgente, y requiere del concurso de todos sin excepción, bajo la premisa de que nadie se salva solo.
Debido a la gravedad de la situación, cumplir con el objetivo de reducir el aumento de la temperatura a 1,5°C desde su nivel preindustrial, requerirá cambios sin precedentes a nivel global. Ello teniendo a la vista que nos queda un plazo de 12 años antes de que entremos eventualmente en una vía de no retorno. Esto en la práctica implica medidas de fuerte impacto económico e inversiones cuantiosas y sostenidas a nivel público y privado, amén de cambios profundos en los patrones de consumo y modos de vida de las personas.
Entre las varias alternativas de transformación de nuestros actuales paradigmas de producción y consumo, está lo que se denomina como economía circular. En términos simples, la economía circular se basa en la gestión de los residuos a través de las 3R (reducir, reciclar, reutilizar). La idea subyacente es que el actual flujo lineal de los materiales (recurso-producto-residuos) necesita ser transformado en un flujo circular (recurso-producto-recurso reciclado). El objetivo es alargar la vida útil de los productos, disminuyendo así las actividades de impacto ambiental (particularmente las extractivas), al mismo tiempo que disminuimos la generación de residuos.
¿Qué estamos haciendo en Chile para avanzar en esa dirección?
A nivel legislativo, se han promulgado varias normas que son piezas claves para generar las condiciones de una economía circular. Principalmente está la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP), que tiene como objetivo principal establecer una industria que se responsabilice por sus productos a través de la prevención de generación de residuos y de su recuperación y reciclaje. Esta ley es complementada por diversos reglamentos que se hacen cargo de los distintos aspectos necesarios para su aplicación (les aconsejo revisar la página web destinada a esta ley y sus herramientas www.leyrep.cl/).
En términos concretos, esta ley obliga a todos los fabricantes e importadores de los denominados "productos prioritarios" (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes, neumáticos, diarios y revistas) a responsabilizarse de ellos hasta el fin de su vida útil, es decir, hasta que su producto se convierta en residuo y su materia prima pueda ser utilizada en un nuevo proceso productivo.
Por lo tanto, el productor deberá financiar y organizarse para transportar sus residuos, almacenarlos y asegurar su tratamiento. Este circuito podrá gestionarlo individualmente o a través de gestores ambientales autorizados.
Este proceso tiene plazos, metas y métricas, de manera que todas las empresas vayan asumiendo exigencias crecientes y, que tanto las autoridades como la ciudadanía, vayan monitoreando su cumplimiento.
Bajo el alero de esta norma, a nivel de la cooperación público privada podemos destacar el Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) se suscribió en abril de 2019 liderado por Fundación Chile y el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de repensar el futuro de los plásticos reuniendo a todos los actores de la cadena de valor: empresas, sector público y ONGs. La iniciativa se enmarca en la Red Global de Pactos por los Plásticos lanzada en 2018 por la Fundación Ellen MacArthur en el Reino Unido.
Chile es el tercer país en implementar el Pacto de los Plásticos, junto con el Reino Unido y Francia, y es el primer país en Latinoamérica y primero en vías de desarrollo en sumarse a esta Red Global.
El Pacto Chileno de los Plásticos trabajará alineado con la visión del Compromiso Global lanzado por la Fundación Ellen MacArthur. Se han definido cuatro compromisos al 2025, cuyos avances se irá comunicando anualmente:
Si bien estas regulaciones son un paso muy relevante para cambiar el sistema productivo, la conciencia y acción ciudadanas son fundamentales para empujar y sostener la transformación que se busca. Las consideraciones básicas que debiéramos tener todos al consumir son preferir formatos más grandes de productos, para evitar la acumulación de envases individuales, privilegiar aquellos que reutilizan el envase, y cuyos componentes de embalaje son de material reciclado o plenamente reciclable, preferir artefactos sin baterías o que sean recargables, entre otros aspectos.
En lo que se refiere a la disposición de los residuos, es fundamental contar con centros de acopio y que todos podamos separar nuestra basura por categorías, de manera de facilitar su clasificación. A modo de ejemplo, Cada tonelada de papel reciclado equivale a no talar aproximadamente 20 árboles, y a no utilizar 4000 kilowats de energía y 25000 litros de agua. Esos 20 árboles que no se talan absorben un total de 110 kilos de dióxido de carbono por año. En el caso de una botella de plástico, reciclarla ahorra la cantidad de energía necesaria para hacer funcionar una bombilla de 60watts por 3 horas, y además se necesita apenas la mitad de energía que se requiere para incinerarla.
La ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP) contempla en uno de sus reglamentos un fondo para el reciclaje, que permite financiar proyectos, programas y acciones desarrollados por municipalidades y asociaciones de municipalidades, dirigidos a prevenir la generación de residuos en sus comunas y promover su separación, reutilización y reciclaje.
Sin duda, una de las debilidades actuales del sistema es que buena parte del material que podría ser reciclado, termina en rellenos sanitarios o peor aún, en nuestros campos, bosques y aguas. Todavía son pocos los centros de acopio y clasificación del material reciclable. Para que esto cambie, es fundamental la organización de la comunidad. Promover y exigir que en cada comuna se desarrolle un sistema de gestión eficiente de los residuos, postulando si es necesario a estos fondos, debiera ser una exigencia transversal, especialmente teniendo a la vista la proximidad de las elecciones municipales. Este tema no puede pasar a un segundo nivel de las prioridades de los candidatos, porque es parte de la configuración de un nuevo sistema productivo que puede y debe ser impulsado desde los gobiernos locales.
La Región de Los Ríos se caracteriza por contar con bosques y aguas prístinas, cuya preservación y extensión es fundamental en la mitigación del cambio climático. La economía circular nos ofrece la posibilidad inmejorable de tener una relación mucho más armónica con nuestro entorno, pero para que ello ocurra, debemos hacer un gran esfuerzo para cambiar nuestros hábitos de consumo y de disposición de residuos. No queda mucho tiempo, pero podemos hacerlo y esta región puede tomar el liderazgo en la materia.
Juan Pablo Glasinovic Vernon
Abogado
Fundación Foro de Los Ríos
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